Marca un plazo de 2 años, prorrogable uno más, para tratar de hallar una solución
El Ayuntamiento de Coslada, a través de un Decreto firmado por el alcalde, Ángel Viveros, aprobó hace unos días la creación de la denominada ‘Comisión técnica sobre el uso y dominio del suelo en áreas residenciales con ordenación del bloque abierto del PGOU de Coslada’, un órgano que da cumplimiento al compromiso del equipo de Gobierno Municipal.
Esta misma mañana, en las instalaciones del propio Consistorio, ha tenido lugar el acto formal de constitución de esta Comisión Técnica.
En ella está representada la administración cosladeña, mediante la presencia de técnicos del Ayuntamiento y un miembro de cada grupo municipal, además de la parte ciudadana, con cuatro representantes de los barrios afectados que totalizan 55 manzanas. Según se ha acordado, la Comisión Técnica se reunirá de manera ordinaria cada dos meses.
A través de esta entidad se buscará, según se establece en el Decreto, “dar solución al conflicto vecinal de las conocidas como ‘zonas privadas de uso público’ que existen en la actualidad en el municipio de Coslada”.
Cabe recordar que esta situación a la que ahora se trata de dar término es una demanda de las vecinas y vecinos afectados que acumula más de cuatro décadas.
De este modo, a través de la Comisión Técnica tendrá una vigencia de 2 años de su constitución hoy, con la posibilidad de una prórroga de 1 año en el supuesto de que no se hayan concluido los trabajos para los que ha sido creada.
En palabras del concejal delegado de Política Territorial, José Sousa, a través de este órgano “lo que perseguimos es analizar la situación de estos vecinos y vecinas desde un punto de vista técnico y jurídico, con el fin último de desencallar una problemática que arrastra nuestra ciudad desde hace ya demasiados años”. En este sentido, ha mostrado su deseo «porque logremos esa solución entre todos a través de un acuerdo común y legal”.
Precisamente, en el Decreto de Alcaldía donde se propone la creación de este órgano se señala que su propósito último es, mediante el consenso entre las partes, la «elaboración de un documento técnico y jurídico que permita resolver la problemática de la titularidad, uso y mantenimiento de los espacios libres».
